Luego de aprobarse en el senado, y tras ser tratado sobre tablas en la cámara de diputados de la provincia, se concretó la unificación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Carlos Stornelli fue desplazado y retornará a la fiscalía, mientras que su cargo lo ocupará Ricardo Casal.
Según el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el nuevo ministerio estará orientado a trabajar en conjunto con los tres poderes del Estado y “su misión será luchar contra el narcotráfico y mejorar la seguridad en los countries”.
Fueron las denuncias de Stornelli, sin ponerse al servicio de la investigación y la justicia, las que le valieron ser separado de su cargo. Una medida que lo aleja de la escena al tiempo que lo protege de toda responsabilidad. En tanto Casal desembarcó afirmando que, para combatir el delito, inundará las calles bonaerenses de personal uniformado, redoblando la seguridad policial de los countries.
Una medida de esta importancia requiere un debate más profundo que las meras declamaciones entre el oficialismo y la oposición legislativa, para acordar sin más en una expedita aprobación sobre tablas.
Desde CO.N.I.S. sabemos que en los barrios obreros y populares, es un una exigencia de primera necesidad, dar soluciones de fondo a la problemática de la seguridad y la justicia, contra la impunidad y la connivencia de los poderes del Estado con el narcotráfico, el gatillo fácil, la trata de personas y el delito organizado, algo que no se resuelve con trámites formales.
Es indispensable la inmediata aprobación de una ley que declare, a todos estos delitos, de lesa humanidad. No todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tienen su casa en un country. Ya es hora de que implementen medidas para todos y no para unos pocos.
Según el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el nuevo ministerio estará orientado a trabajar en conjunto con los tres poderes del Estado y “su misión será luchar contra el narcotráfico y mejorar la seguridad en los countries”.
Fueron las denuncias de Stornelli, sin ponerse al servicio de la investigación y la justicia, las que le valieron ser separado de su cargo. Una medida que lo aleja de la escena al tiempo que lo protege de toda responsabilidad. En tanto Casal desembarcó afirmando que, para combatir el delito, inundará las calles bonaerenses de personal uniformado, redoblando la seguridad policial de los countries.
Una medida de esta importancia requiere un debate más profundo que las meras declamaciones entre el oficialismo y la oposición legislativa, para acordar sin más en una expedita aprobación sobre tablas.
Desde CO.N.I.S. sabemos que en los barrios obreros y populares, es un una exigencia de primera necesidad, dar soluciones de fondo a la problemática de la seguridad y la justicia, contra la impunidad y la connivencia de los poderes del Estado con el narcotráfico, el gatillo fácil, la trata de personas y el delito organizado, algo que no se resuelve con trámites formales.
Es indispensable la inmediata aprobación de una ley que declare, a todos estos delitos, de lesa humanidad. No todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tienen su casa en un country. Ya es hora de que implementen medidas para todos y no para unos pocos.
Publicado en el periódico Convergencia de izquierda
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